Enfrentamientos en base de la Guardia Costera en la Bahía de San Francisco

https://youtu.be/Xc4x__p2As8 La llegada de agentes federales a una base de la Guardia Costera en el área de la Bahía de San Francisco desató enfrentamientos con manifestantes que protestaban contra un plan de refuerzo en la aplicación de leyes migratorias. Cientos de personas se congregaron frente a la entrada de Coast Guard Island, entre Oakland y Alameda, bloqueando vehículos y coreando consignas contra el despliegue. Agentes antidisturbios formaron líneas y usaron dispositivos de estruendo; al menos un manifestante resultó herido en el pie cuando un vehículo atravesó una barricada, y un clérigo denunció haber sido alcanzado en el rostro por una bola de pimienta disparada a corta distancia. Vehículos de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza intentaron ingresar a la isla artificial de 67 acres para preparar un operativo más amplio que, según la Guardia Costera, forma parte de un “enfoque gubernamental integral” destinado a detectar amenazas migratorias y de seguridad antes de que lleguen a territorio estadounidense. Los manifestantes y grupos de derechos civiles calificaron la medida como una ofensiva militarizada en una región con políticas de santuario, advirtiendo que podría socavar la confianza entre comunidades y autoridades locales. Líderes estatales y municipales, incluido el gobernador y la alcaldesa de Oakland, criticaron el despliegue como innecesario y perjudicial para la cooperación policial. El tráfico por el corredor del Embarcadero quedó interrumpido y la Patrulla de Caminos de California permaneció en alerta. En medio de la tensión, los organizadores pidieron a los manifestantes dispersarse para evitar detenciones masivas. El enfrentamiento coincidió con un abrupto cambio de política federal: el presidente anunció que no enviaría el refuerzo previsto a San Francisco tras conversaciones con la alcaldesa, aunque informes anteriores indicaban la movilización de más de 100 agentes federales y miembros de la Guardia Nacional. La cancelación dejó en duda el futuro de operaciones similares en otras zonas. Autoridades realizaron registros y movimientos logísticos en la base antes de suspender la acción principal, reflejando las presiones entre las metas de seguridad federal y la oposición política en ciudades gobernadas por demócratas. Legisladores locales advirtieron que tales despliegues pueden minar la cooperación comunitaria y complicar la labor policial, mientras que funcionarios federales insistieron en que la operación se centra en amenazas transfronterizas. Aunque se anunciaron posibles detenciones, los líderes de la protesta procuraron calmar la situación; hacia el mediodía, decenas de manifestantes permanecían en el lugar y se esperaba una investigación sobre los enfrentamientos.