España desmantela red de exportación ilegal de residuos

Las autoridades españolas desmantelaron una red criminal que exportó ilegalmente cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hacia varios países africanos, informaron los investigadores. La operación, liderada por la Guardia Civil junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el Seprona, involucra a 32 personas y cuatro empresas con sede en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, sospechosas de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los funcionarios descubrieron un flujo constante de contenedores con documentación falsificada para ocultar contenido peligroso. Los envíos incluían grandes volúmenes de residuos eléctricos y electrónicos, como motores y compresores extraídos de equipos de refrigeración desechados, piezas de vehículos, unas 38 toneladas de extintores y varios coches, furgonetas y camiones exportados con documentos falsos como mercancía de segunda mano. En total, las autoridades estiman que se exportaron unas 650 toneladas de residuos peligrosos y 86 toneladas de residuos no peligrosos, con un valor aproximado de 800,000 euros. Los investigadores señalan que la red ocultaba las exportaciones mediante facturas falsificadas y documentación compleja, con varias empresas emitiendo facturas a nombre de terceros para aparentar legalidad. La estructura criminal contaba con cinco organizadores principales: dos residentes en Gran Canaria encargados de la logística y el papeleo, y tres en Tenerife responsables del envío y de obtener documentación legal o falsificada. Según la legislación española, el traslado ilegal de residuos entre países puede conllevar penas de prisión, multas e inhabilitación profesional. Las autoridades subrayaron los riesgos para la salud pública y el medio ambiente derivados de una gestión inadecuada de estos residuos, especialmente cuando llegan a países con capacidad limitada de tratamiento, y recordaron que los controles se ajustan a acuerdos internacionales como el Convenio de Basilea. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones o cargos mientras los investigadores rastrean el alcance completo de las operaciones de la red y las empresas implicadas. Grupos ecologistas pidieron mayores controles transfronterizos y mejor supervisión para evitar este tipo de tráfico, mientras que las autoridades señalaron que el caso evidencia la necesidad de una aplicación estricta de la ley para proteger los ecosistemas y la salud humana frente a los riesgos de la exportación ilegal de residuos. https://www.youtube.com/watch?v=2AA-ywOZa1I