Gas lacrimógeno disuelve protesta en Makoko, Lagos

La policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a residentes de Makoko que marcharon hasta la Asamblea del Estado de Lagos para protestar contra demoliciones que han desplazado a miles de personas. Más de 1.000 manifestantes —muchos de ellos habitantes de casas de madera sobre pilotes en la laguna y dependientes de la pesca y el comercio informal— se negaron a dispersarse y exigieron ser recibidos por el gobernador del estado. Los agentes desplegaron gas lacrimógeno; un manifestante sufrió una lesión en la pierna y fue trasladado al hospital, mientras testigos informaron de pánico e irritación respiratoria entre los presentes. Las autoridades del estado de Lagos, respaldadas por policías armados y excavadoras, han estado derribando estructuras en partes de Makoko que, según dicen, están construidas ilegalmente cerca de líneas eléctricas de alta tensión y suponen riesgos de seguridad. El gobierno presenta las acciones como necesarias para la reurbanización, la modernización y la seguridad pública. Residentes y organizaciones de derechos humanos replican que los desalojos se llevaron a cabo sin notificación adecuada, consulta, compensación ni planes realistas de reasentamiento, y califican las demoliciones como desalojos forzosos que privan a la gente de sus hogares y medios de vida y empujan a familias vulnerables a una mayor pobreza. Estimaciones de ONG sitúan la población de Makoko entre 80.000 y 200.000 personas, aunque no existen cifras oficiales. Organizaciones de derechos humanos condenaron el uso de gas lacrimógeno contra personas que protestaban por la pérdida de sus hogares y pidieron a las autoridades suspender las demoliciones y entablar un diálogo significativo con los líderes comunitarios. Activistas reclamaron el cumplimiento de sentencias judiciales y de estándares internacionales que exigen debido proceso, aviso previo adecuado y reasentamiento antes de cualquier desalojo. Representantes gubernamentales defendieron la actuación policial como necesaria para mantener el orden y proteger bienes, señalando que los agentes habían advertido a los manifestantes de no bloquear carreteras ni perturbar actividades. Funcionarios de Lagos han sostenido anteriormente que los planes de reurbanización son legales y responden al interés público. El enfrentamiento ha intensificado el debate sobre la reurbanización en Lagos, donde el rápido crecimiento demográfico y el aumento del valor del suelo ejercen una fuerte presión sobre los asentamientos informales que albergan a gran parte de la fuerza laboral de la ciudad. Críticos sostienen que las políticas de desarrollo suelen marginar a los pobres y priorizar intereses comerciales y proyectos de alto nivel. Los residentes afirman que no se oponen a las mejoras, pero exigen ser incluidos en la planificación y contar con salvaguardias para sus medios de vida. https://www.youtube.com/watch?v=nb1zUEZMhYg