Letal redada policial deja 64 muertos en Río

Al menos 64 personas murieron en Río de Janeiro durante la mayor operación policial en la historia de la ciudad, según confirmaron las autoridades, que lanzaron un amplio operativo contra la banda Comando Vermelho antes de importantes eventos internacionales vinculados al clima. El gobernador Cláudio Castro informó que entre los fallecidos hay cuatro policías y describió la operación como la mayor ofensiva contra el crimen organizado, con el despliegue de unos 2.500 efectivos policiales y militares al amanecer en los complejos de favelas de Alemão y Penha. Las fuerzas usaron vehículos blindados, helicópteros, drones y sistemas de detección de armas para ejecutar centenares de órdenes de arresto y registro. Las autoridades reportaron que unas 60 víctimas eran presuntos miembros de bandas, más de 80 sospechosos fueron detenidos y se incautaron más de 90 fusiles y medio tonelada de drogas. Castro declaró que la ciudad está “en guerra” con el crimen organizado y calificó la operación de respuesta al “narcoterrorismo.” El gobierno enmarcó el operativo dentro de los preparativos de seguridad previos a la cumbre de alcaldes y a los eventos culturales relacionados con la próxima COP30 en Brasil. Organizaciones de derechos humanos condenaron la magnitud y letalidad del operativo, exigiendo una investigación independiente. Señalaron que las tácticas agresivas reflejan problemas estructurales en la policía de Río y aumentan el riesgo para comunidades marginadas. Analistas recordaron que este tipo de redadas suelen intensificarse antes de eventos internacionales, como ocurrió durante los Juegos Olímpicos de 2016, y advirtieron que pueden agravar la violencia en lugar de reducirla. Vecinos describieron escenas de caos: tiroteos prolongados, calles cubiertas de humo, bloqueos viales y suspensión de clases en escuelas cercanas. El uso de maquinaria pesada y vigilancia aérea generó dudas sobre la proporcionalidad y la seguridad de los civiles en zonas densamente pobladas. Las operaciones de emergencia y rescate continuaban mientras se evaluaban los daños humanos y materiales. Grupos civiles y políticos pidieron transparencia y rendición de cuentas, reclamando peritajes forenses, revisiones públicas de las reglas de enfrentamiento y verificación independiente de víctimas. Funcionarios de seguridad defendieron el operativo como necesario para restablecer el orden y afirmaron que seguirán las acciones contra las redes criminales.