Marruecos promete reformas tras protestas juveniles

Miles de jóvenes, estudiantes y recién graduados salieron a las calles de Rabat, Casablanca, Tánger, Agadir y otras ciudades para denunciar la falta de calidad en hospitales, el hacinamiento en las aulas y lo que consideran un gasto excesivo en estadios e infraestructuras destinadas a grandes eventos deportivos. Las manifestaciones provocaron cierres de calles y, en algunos casos, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos criticaron la represión y pidieron diálogo. Con pancartas que decían “Hospitales antes que estadios”, los manifestantes acusaron al gobierno de ignorar el desempleo juvenil y la falta de servicios públicos dignos. En respuesta, el gobierno marroquí anunció un paquete de medidas para atender las demandas surgidas tras las protestas iniciadas por la muerte de varias mujeres embarazadas en un hospital de Agadir, que desencadenaron un movimiento nacional. Según la agencia estatal MAP, las autoridades prometieron mayores inversiones en educación y sanidad a través del proyecto de ley financiera de 2026, con cerca de 13 millones de dólares destinados a esos sectores y la creación de más de 27,000 empleos públicos en ambos ámbitos. El Ejecutivo aseguró que el gasto social será prioridad y que se impulsarán reformas estructurales para reducir desigualdades y disparidades regionales. Entre las iniciativas complementarias figura un proyecto de ley que facilitará la participación política de menores de 35 años, financiando hasta el 75% de los costos de campaña, así como otro destinado a fortalecer los partidos, aumentar la transparencia y fomentar la representación femenina y juvenil. Las protestas, organizadas en redes sociales bajo el lema “Gen Z 212”, evolucionaron de exigir justicia por las muertes hospitalarias a reclamar el fin de la corrupción y un cambio profundo en las prioridades gubernamentales. El gobierno subraya avances en la reducción de la pobreza —del 12% en 2014 al 6.8% en 2024—, aunque activistas sostienen que la falta de personal y recursos en educación y sanidad sigue alimentando el descontento. Las nuevas medidas buscan canalizar las demandas juveniles hacia la participación política formal y acelerar las reformas que los manifestantes consideran urgentes para garantizar una mejora real en los servicios públicos.