Migrantes hacen cola mientras España abre regularización

Migrantes procedentes de Pakistán, Colombia, Perú, Honduras y de distintos países de América Latina han estado haciendo largas colas en consulados y centros de asistencia legal en Madrid y Barcelona para obtener los documentos necesarios para el nuevo proceso de regularización en España. Miles de personas se apresuran a demostrar su residencia y elegibilidad antes de la próxima apertura del plazo de solicitudes. Fallos en algunos portales consulares en línea y la escasez de citas han provocado esperas de varios días, afectando a estudiantes que necesitan pasaportes, a residentes que llevan años sin documentación y a familias que intentan reunir certificados de nacionalidad o antecedentes penales. El gobierno liderado por los socialistas aprobó una medida que permitirá regularizar a migrantes en situación irregular que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia antes de finales de 2025 y no tengan antecedentes penales, así como a quienes solicitaron asilo antes de que terminara el año pasado. El plan, que se aplicará de forma gradual, busca conceder permisos de residencia y trabajo a personas que ya viven en España, dando prioridad a quienes puedan demostrar vínculos con sectores que sufren escasez de mano de obra, como la agricultura, la construcción, la hostelería, los cuidados y el trabajo doméstico. Las autoridades afirman que el objetivo es formalizar empleo actualmente informal, aumentar la recaudación fiscal, reducir la explotación laboral y responder a presiones demográficas. Organizaciones comunitarias, ONG y centros de asesoría legal informan de un fuerte aumento de la demanda de ayuda, ya que muchos migrantes intentan reunir contratos de alquiler, historiales médicos, certificados de escolarización y pruebas de empleo. Numerosos solicitantes se enfrentan a obstáculos prácticos: trabajos informales precarios, mudanzas frecuentes y la falta de documentos dificultan la acreditación de la residencia. Clínicas jurídicas y abogados de extranjería están desbordados, mientras ayuntamientos y administraciones autonómicas se preparan para una avalancha de solicitudes y el gobierno anuncia herramientas digitales y refuerzos temporales de personal para gestionar el proceso. Organizaciones humanitarias y de derechos humanos acogen positivamente la medida, pero subrayan la necesidad de criterios flexibles que reconozcan el trabajo informal y los vínculos comunitarios, garantías para evitar que los solicitantes queden expuestos a detención o deportación, y protección de la unidad familiar y de los derechos de los menores. Los empleadores de sectores intensivos en mano de obra apoyan en general la regularización como una forma de estabilizar plantillas, mientras que críticos de la derecha advierten que podría incentivar la migración irregular y presionar los servicios públicos, argumentos que el gobierno rechaza al señalar que la política se dirige a personas que ya residen en España. https://www.youtube.com/watch?v=sg5Mjj-f0K8