Miles de costarricenses defienden independencia judicial

Miles de costarricenses protestan en San José y otras ciudades contra políticas gubernamentales que impactan al poder judicial, expresando preocupación por la independencia democrática y los recortes de gastos. Las autoridades judiciales informaron una reducción del 42% en el presupuesto operativo para 2026, advirtiendo que obstaculizará servicios esenciales como investigaciones criminales y procedimientos judiciales, crítico ante la alta delincuencia organizada y tráfico de drogas. La tensión se intensificó por un fallo de la Sala Constitucional que extendió nombramientos de magistrados suplentes hasta diciembre de 2025. La presidenta Laura Fernández lo calificó de "golpe de Estado" contra la Asamblea Legislativa y presentó una denuncia penal contra los cuatro magistrados de la decisión mayoritaria. El gobierno sostiene que las reducciones son una respuesta necesaria a la posición fiscal y buscan reformar la eficiencia judicial. Líderes judiciales y organizadores de protestas refutan estas afirmaciones, asegurando que debilitan pilares democráticos vitales de Costa Rica y socavan el sistema de pesos y contrapesos. Las manifestaciones pacíficas mostraron a participantes ondeando banderas y portando carteles de apoyo al estado de derecho. Expresidentes y legisladores de oposición se unieron, enfatizando la preocupación por la confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial. Las protestas marcan un momento crucial para la democracia costarricense. Ciudadanos se unen para proteger salvaguardas institucionales contra la extralimitación gubernamental. Los llamados al diálogo y al respeto constitucional resuenan entre los miles de participantes, señalando una resolución colectiva para mantener los principios democráticos.