Tribunal anula condenas de Uribe

https://youtu.be/Xc4x__p2As8 Un tribunal de apelación en Bogotá anuló las condenas por fraude y soborno contra el expresidente Álvaro Uribe, al considerar que las pruebas —en particular las comunicaciones interceptadas— eran insuficientes o fueron obtenidas de forma indebida. La decisión revoca la sentencia de arresto domiciliario de 12 años y anula el fallo que había convertido a Uribe en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente. El panel de tres magistrados señaló que el juicio original tuvo fallos procesales y probatorios que invalidaban la decisión. El caso se originó en acusaciones de que Uribe habría ordenado, a través de un abogado, pagos a exparamilitares encarcelados para modificar testimonios que lo vinculaban con grupos armados de derecha activos durante el prolongado conflicto interno del país. Esas redes paramilitares, apoyadas históricamente por terratenientes y élites locales para combatir a las guerrillas izquierdistas, han sido señaladas por abusos generalizados, incluidos asesinatos documentados por comisiones de la verdad. La Fiscalía y la Corte Suprema habían concluido que existían indicios de presión a testigos, aunque Uribe ha negado siempre los cargos y calificado el proceso como persecución política. Las reacciones fueron inmediatas y divididas. El presidente Gustavo Petro criticó la decisión del tribunal por considerarla un retroceso en los esfuerzos por limitar la influencia paramilitar en la política colombiana. Los aliados de Uribe celebraron el fallo como una reivindicación legal y una corrección frente a un exceso judicial. El senador Iván Cepeda, figura clave en la investigación inicial y acusado años atrás por Uribe de manipular testimonios, anunció que apelará ante la Corte Suprema, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el caso regrese al máximo tribunal y se prolongue aún más. Expertos jurídicos destacaron que la sentencia se centró en la admisibilidad y valor probatorio de las pruebas, especialmente las escuchas telefónicas, concluyendo que no cumplían los estándares necesarios para una condena. El fallo se apoya así en fundamentos técnicos más que en el fondo de las acusaciones, reavivando el debate sobre los métodos de investigación y el equilibrio entre los derechos del acusado y la búsqueda de justicia por los crímenes del pasado. El caso conserva gran peso político, al ser un símbolo de la lucha de Colombia por enfrentar su historia de violencia y el papel del paramilitarismo en la vida pública.