Tribunal de Roma absuelve a activistas de Extinction Rebellion

https://www.youtube.com/watch?v=ISlIouPu0f4 El Tribunal de Roma archivó 107 denuncias relacionadas con una acampada pacífica de Extinction Rebellion frente al Ministerio del Interior, donde más de un centenar de activistas instalaron tiendas en la Piazza del Viminale para protestar contra las políticas climáticas del gobierno y el antiguo “DDL Sicurezza”. El tribunal concluyó que los participantes no cometieron delitos y que participar en una manifestación no autorizada no constituye una infracción penal. Pese a esta decisión, 33 manifestantes siguen sujetos a órdenes de expulsión administrativa que les prohíben regresar a Roma. El Tribunal Administrativo Regional del Lacio (TAR) ratificó recientemente una expulsión de 15 meses contra una activista, obligándola a abandonar la ciudad pese a tener residencia y empleo permanentes. Ella planea apelar ante el Consejo de Estado tras el rechazo de sus recursos. Los afectados denuncian que las expulsiones son restricciones severas a la libertad personal impuestas a ciudadanos sin antecedentes penales. Extinction Rebellion criticó duramente las medidas, señalando que las autoridades policiales —a través de las Questure— actúan como “investigador y juez”, emitiendo órdenes restrictivas sin procesos judiciales ordinarios, lo que el movimiento considera una negación del Estado de derecho. Las tensiones se extendieron más allá del campamento del Viminale. Las autoridades intervinieron con fuerza para dispersar manifestantes durante concentraciones posteriores a la reducción o retirada de algunos cargos, desplegando cañones de agua, vehículos blindados y agentes de paisano en la Piazza Santa Maria Maggiore y Via Merulana. La policía informó que varios participantes fueron detenidos para su identificación y que los bloqueos fueron desmantelados rápidamente para evitar una escalada. Organizaciones de derechos humanos criticaron la respuesta policial y las restricciones administrativas mantenidas contra personas cuyos cargos habían sido archivados, recordando las obligaciones de Italia en materia de libertad de expresión y de reunión. El Ministerio del Interior defendió las operaciones, afirmando que eran necesarias para mantener el orden público y la seguridad bajo la legislación vigente. Los enfrentamientos y las resoluciones judiciales posteriores reflejan una creciente división en la sociedad italiana: por un lado, los movimientos que reclaman cambio político y ambiental; por otro, un gobierno que prioriza la ley, el orden y la seguridad. Las decisiones sobre las expulsiones pendientes y las cuestiones procesales más amplias podrían definir los futuros límites del derecho de reunión y el equilibrio entre los poderes administrativos de la policía y las libertades civiles.